Por Fabiana Luciani

La presidenta Keiko Fujimori anunció que, en los próximos días, las Fuerzas Armadas comenzarán a patrullar las calles y a brindar apoyo en el sistema de transporte, como parte de una estrategia para reforzar la lucha contra la delincuencia. La medida se enmarca en su plan de seguridad ciudadana y fue presentada tras la primera sesión de Consejo de Ministros, en la que también se aprobó la colaboración militar con el INPE en la seguridad de los penales.

Una medida para enfrentar la inseguridad

Durante su pronunciamiento, la mandataria sostuvo que el despliegue castrense busca devolver el orden interno y actuar de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú. En sus palabras, las Fuerzas Armadas estarán “en las calles y también en el sistema de transporte”, una fórmula con la que el Ejecutivo pretende ampliar la presencia del Estado en espacios donde la criminalidad ha golpeado con mayor fuerza.

Además, la jefa de Estado explicó que esta decisión forma parte de los compromisos asumidos durante la campaña y responde al incremento de hechos delictivos, extorsiones y delitos violentos que afectan a la ciudadanía. Según el Gobierno, la intervención militar será de apoyo y coordinación, no de reemplazo de las funciones policiales.

Coordinación con la Policía y el INPE

En ese sentido, el Ejecutivo precisó que las Fuerzas Armadas trabajarán junto con la Policía en labores de patrullaje, disuasión y resguardo de zonas estratégicas. A ello se suma la cooperación con el Instituto Nacional Penitenciario, una medida que busca fortalecer la seguridad dentro de los penales, espacios que en los últimos años han sido señalados como puntos críticos para el control del crimen organizado.

De acuerdo con el anuncio, el plan también contempla presencia militar en el sistema de transporte público, uno de los frentes más sensibles por la alta exposición de pasajeros, conductores y cobradores a asaltos, cobros extorsivos y otras modalidades delictivas. Por tanto, el Gobierno apuesta por una respuesta más visible y preventiva en el espacio urbano.

Un giro de mano dura

El anuncio confirma el tono de “mano dura” que ha marcado los primeros pasos de la gestión de Fujimori. Desde su discurso de investidura, la presidenta ya había adelantado que las Fuerzas Armadas asumirían temporalmente un rol más activo en zonas declaradas en emergencia, con el objetivo de recuperar territorios afectados por el crimen organizado, la minería ilegal y otras economías ilegales

Asimismo, la mandataria ha insistido en que su administración trabajará para restablecer la autoridad del Estado en áreas donde la población convive a diario con la violencia. En esa línea, el despliegue militar en las calles no aparece como una medida aislada, sino como parte de un paquete más amplio de seguridad que busca combinar control territorial, vigilancia y apoyo logístico a la Policía.

Debate abierto sobre la efectividad

Sin embargo, la decisión también abre interrogantes sobre su alcance real y su efectividad frente a la criminalidad. Aunque el Gobierno presenta el anuncio como una respuesta inmediata a la inseguridad, especialistas y voces críticas suelen advertir que la presencia militar en espacios civiles no necesariamente resuelve los problemas estructurales del delito, como la inteligencia criminal, la corrupción, la capacidad investigativa y la reforma penitenciaria.

Por ello, el debate recién comienza. Mientras el Ejecutivo apuesta por una presencia más agresiva del Estado en calles, transportes y cárceles, la ciudadanía espera resultados concretos frente a una ola de criminalidad que ha deteriorado la percepción de seguridad en el país.