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Hasta el momento apenas se registraron un 2% de mineros formalizados, la situación se agrava si se tiene en cuenta que el perú es el mayor exportador de oro ilegal en latinoamérica.
Por Arquimedes Mayta
Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) AL 2026 la minería ilegal ha frenado el crecimiento económico del Producto Bruto Interno (PBI) en un 12%. Además, los reportes del mismo organismo señalan que los ingresos de dicha actividad ya superan los 12.000 millones de dólares en exportaciones, esto ampliamente rebasa lo generado por el narcotráfico. En tal sentido, tal y como lo destaca la Conferencia Eclesial de la Amazonia (CEAMA), la mineria se consolida como la principal economía ilícita del país. La situación resulta difícil de controlar dada la débil respuesta del estado, un informe de Natural Resource Governance Institute menciona que la legislación al respecto, entre 2001 y 2016, solo fue de carácter declarativo.
Si bien, en 2016, se creó el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) mediante el Decreto Legislativo N.º 1293, este no ha sido útil más que para ser un salvoconducto de la minería no formal, así lo describe el Natural Resource Governance Institute. Ello se evidencia con las reiteradas postergaciones al proceso de formalización minera, a fines de 2025 se promulgó una modificatoria que amplía el plazo hasta diciembre de 2026. Se trata de una nueva prórroga aprobada por el Congreso de la República y promulgada por el entonces presidente José Jerí. Cabe resaltar que, desde 2019 ya se vienen registrando por lo menos cuatro normas consecutivas con el mismo fin.
Lo que se esperaba, en realidad, es la aprobación de un marco legal firme que regule de manera permanente la actividad minera. Sin embargo, los legisladores todavía no han logrado ponerse de acuerdo sobre el particular, la última vez que se tocó el tema fue en julio de 2025. Para ese entonces se intentó promover el Proyecto de Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (Ley MAPE), el cual no tuvo éxito. Según se reportó desde la comisión de Energía y Minas, la propuesta únicamente alcanzó cinco votos a favor y doce en contra.
La ley MAPE, se supone, debería crear el sistema normativo que permita la formalización definitiva de los pequeños mineros artesanales. De hecho, en las nueve propuestas promovidas entre 2022 y 2025 se tuvieron en cuenta desde medidas de protección ambientales, protección laboral y derechos sociales. Inclusive se pretendía regular el uso adecuado de explosivos, entre los cuales se comprendía la capacitación sobre su uso y un monitoreo mediante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC). Todas estas iniciativas fracasaron puesto que no hubo consenso para su aprobación en la Comisión de Energía y Minas, tampoco en el pleno del congreso. Lo único en lo que sí se pusieron de acuerdo es en extender temporalmente el REINFO una y otra vez.
En tal contexto, esa provisionalidad indefinida genera un vacío normativo por lo que no es posible fiscalizar las operaciones de los mineros artesanales. Cabe precisar que muchos de ellos, pese a contar con los mecanismos, todavía no han regularizado su situación. Según los propios reportes del IPE se indica que de 90 mil inscritos en el REINFO apenas el 2% se han formalizado. Ahora quienes cargan con la responsabilidad de legislar sobre la materia serán los nuevos integrantes del congreso bicameral. De ellos dependerá establecer la ley MAPE eso si tenemos en cuenta que la ampliación REINFO vence este diciembre de 2026.
Por mientras, lo que llama especial atención es la ausencia del pago de impuestos por parte del referido sector. La Revista Economía dio a conocer que las pérdidas del estado peruano entre 2023 y 2025, por evasión tributaria de los mineros informales, asciende a 7.500 millones de soles. Esto pudo haber sido de suma utilidad para suplir las carencias educativas y de salud que hoy se atraviesa, y además, vale recordar que nuestro país se encuentra bajo peligro de crisis fiscal debido al aumento de gastos cada año. De hecho, el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, en declaraciones para grupo El Comercio, advirtió sobre una posible inviabilidad del presupuesto para el 2027, señaló que será necesario el recorte de algunos gastos.
Hasta mediados de 2025, la minería no formal ya representaba el 2.7% del valor de PBI nacional, así lo informó el entonces ministro de economía Raul Pérez Reyes. Respecto al comercio exterior, al 2023,de acuerdo con el IPE, nuestro país ya era el mayor exportador de oro ilegal en comparación a otras naciones del continente. Cerca del 44% del mineral ilegal en sudamérica provenía del territorio peruano. La situación no ha cambiado para el 2025, pues según los reportes, las cifras se mantienen en comparación al 2023 y 2024.
En suma, vale recordar que la actividad minera moviliza miles de toneladas entre explosivos y dinamitas con el propósito de acelerar las técnicas de extracción. Un informe periodístico realizado por Connectas reporta que miles de toneladas de explosivos se comercializaron entre Bolivia y Perú, gran parte de dichos artefactos fueron direccionados a la minería ilegal e informal. Tan sólo en agosto de 2024 se confiscaron 400 detonadores y 639 kilos de mecha de la marca Maxam Fanexa, a esto se suman incautaciones de más de 1600 kilos de mecha fabricados por la empresa Famesa. Asimismo, el informe revela una paradoja en la ruta de los explosivos: salen del Perú como exportaciones legales y regresan al mercado nacional pero ya convertidos en contrabando.
Para las autoridades cada vez se presentan mayores dificultades al momento de combatir las mencionadas economías ilegales. Desde el congreso, a inicios de 2024, se promovió y aprobó una iniciativa legislativa que derogó las primera disposición complementaria del Decreto Legislativo N°1607. Esta norma era de vital importancia, ya que facultaba a la Policía el incautar y destruir material explosivo de aquellos mineros con inscripción suspendida ante el REINFO. Uno de los legisladores que impulsó la modificatoria es el hoy candidato presidencial Roberto Sánchez.
Adicionalmente, es importante destacar que, en algunos casos, los mineros que se encuentran fuera de la ley suelen actuar como mafias. Esto sucede tanto en el bando de los ilegales, que operan en zonas naturales protegidas, como en los informales que aunque trabajan en lugares permitidos se atacan entre ellos. Desde 2018 hasta 2024, según lo reporta CEAMA, la empresa minera La Poderosa registró múltiples asaltos a sus centros de operaciones. En efecto, se calculan más de 3.553 millones de dólares en pérdidas producto de saqueos por parte de grupos vinculados a las actividades mineras ilícitas.
De continuar con el mismo panorama, con un estado débil y sin marco normativo adecuado para enfrentar eficazmente el problema de la minería, existe el riesgo que las actividades ilícitas sigan en crecimiento hasta el punto de volverse incontrolables. Asimismo, esto podría aumentar el nivel de pérdidas que registra la economía dado el alto nivel de evasión tributaria en el sector lo que significaría menores ingresos al erario y por ende menor capacidad de inversión pública. Por otro lado, existe el riesgo de ocasionar graves perjuicios a las mineras formales ya que los informales e ilegales suelen operar en territorios concesionados.
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