Por Arquímedes Mayta

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha detectado que el partido Renovación Popular, liderado por el alcalde de Lima Rafael López Aliaga, habría utilizado más de 346 mil soles del Fondo Partidario Directo (FPD) para financiar gastos de naturaleza electoral y proselitista durante la segunda mitad de 2025, vulnerando así la Ley de Organizaciones Políticas. Este hallazgo se suma a otras observaciones previas, como el uso de dinero estatal para publicar un libro digital sobre López Aliaga, pagar deudas antiguas e incluso comprar golosinas.

El informe técnico: contratos con fines electorales y propaganda política

Según el informe técnico de la ONPE, publicado en agosto de 2026, Renovación Popular destinó 346.430 soles del financiamiento público a siete contratos y pagos cuya orientación electoral o proselitista resulta incompatible con los fines permitidos del FPD. Entre estos gastos se incluyen servicios de consultores de propaganda electoral, asesores en elecciones primarias y productores de contenido para redes sociales, todos contratados durante la campaña de las Elecciones Generales 2026.

La ley establece que el financiamiento público directo debe ser usado exclusivamente para actividades de formación, capacitación e investigación política, así como para gastos de funcionamiento ordinario. Por tanto, la ONPE concluyó que ese tipo de actividades no constituye funcionamiento ordinario del partido ni se enmarca en los usos permitidos del financiamiento público.

Libros digitales y biografías: el cuestionado gasto de 25 mil soles

Además de los gastos electorales, la ONPE también observó que Renovación Popular destinó 6.400 dólares (alrededor de 24.700 soles) del financiamiento público directo para la elaboración del libro digital 'Mi gallo es el chancho', escrito por el periodista Francisco de Piérola y presentado en marzo de 2026 durante la campaña presidencial.

El informe técnico determinó que la publicación no acreditó un trabajo de investigación sobre problemas nacionales o regionales, finalidad requerida para justificar el uso de los recursos públicos destinados a investigación partidaria. De esta manera, el partido de López Aliaga habría incumplido la normativa vigente al usar fondos estatales para financiar proyectos editoriales ajenos a la formación política de sus militantes.

Antecedentes: multas, golosinas y deudas pagadas con dinero público

Este no es el primer escándalo de Renovación Popular por el uso indebido de fondos públicos. En julio de 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó una multa de 173.875 soles contra el partido por usar dinero estatal en pagos no contemplados por la ley, como golosinas, moras y deudas de años anteriores.

Según los informes de fiscalización de la ONPE, Renovación Popular destinó el financiamiento a conceptos no autorizados, como el pago de cobranza coactiva a la ONP y a Essalud correspondientes a los periodos 2018 y 2016-2018, años en los que el partido no era beneficiario del financiamiento público directo. También se hallaron gastos por 3.623 soles en la adquisición de dulces, galletas y alimentos de consumo, así como pagos de intereses moratorios generados por rentas de cuarta categoría.

La respuesta del partido: “Las observaciones están en evaluación”

Frente a estas acusaciones, el representante legal de Renovación Popular, Fernando Sandoval, señaló que la agrupación aún evalúa el contenido del informe y que fijará una posición cuando la ONPE emita una decisión definitiva. “Estas observaciones están en evaluación y se pronunciarán una vez que la ONPE emita una decisión”, indicó el vocero del partido.

Sin embargo, las reiteradas observaciones de la ONPE han puesto bajo la lupa a Renovación Popular, que en los últimos años ha recibido aproximadamente 9,5 millones de soles por concepto de financiamiento público directo. Ahora, el partido de López Aliaga deberá responder no solo por los gastos electorales, sino también por los cuestionados libros digitales y los pagos en golosinas y deudas antiguas.

¿Qué sanciones podría enfrentar Renovación Popular?

De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas, el uso indebido del financiamiento público directo puede acarrear multas económicas, la pérdida parcial o total de la asignación semestral del FPD e incluso la suspensión temporal de los beneficios del financiamiento estatal. En el caso de Renovación Popular, la ONPE ya ha iniciado procesos administrativos sancionadores que podrían derivar en nuevas multas y sanciones.

Mientras tanto, el escándalo ha generado críticas desde diversos sectores políticos, que exigen mayor transparencia en el uso de los fondos públicos por parte de los partidos. En un contexto de alta desconfianza ciudadana hacia la clase política, el caso de Renovación Popular podría tener repercusiones no solo para el partido, sino también para el sistema de financiamiento estatal en su conjunto.