Por Arquímedes Mayta

El paro de transportistas previsto para este martes 25 de agosto en Lima y Callao fue suspendido luego de que los principales gremios del sector aceptaran abrir una etapa de diálogo con el Poder Ejecutivo. Por tanto, las empresas que habían anunciado un “apagado de motores” retomarán sus actividades con normalidad, aunque mantienen la exigencia de que los acuerdos se traduzcan en resultados frente a la inseguridad y la crisis económica que afecta al rubro.

Decisión se adoptó tras reunión con el Gobierno

La medida de fuerza fue levantada después de las conversaciones sostenidas durante el fin de semana entre representantes del transporte urbano y el Ejecutivo. Los dirigentes señalaron que la reunión con la presidenta Keiko Fujimori permitió conocer los lineamientos oficiales sobre seguridad ciudadana y, además, abrió la posibilidad de instalar mesas de trabajo con las entidades involucradas.

Ricardo Pareja, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, sostuvo que, por el momento, no existiría una razón para mantener la paralización. Según explicó, los gremios consideran prioritario trabajar de manera conjunta con el Estado en medidas concretas contra las extorsiones y los ataques criminales que afectan a conductores, cobradores y empresarios del transporte público.

A su turno, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, confirmó que su sector desistió de la protesta tras recibir la convocatoria del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para abordar sus demandas. “No habrá apagado de motores, las labores continúan normal”, señaló el dirigente al informar que se cumplió el objetivo central de los gremios: ser escuchados por el Gobierno.

Transporte operará con normalidad

De esta manera, los usuarios de Lima y Callao no deberían enfrentar una interrupción masiva del servicio este martes 25 de agosto. La paralización había sido planteada como una jornada de 24 horas y, de acuerdo con las primeras proyecciones de los dirigentes, podía impactar de manera importante en la movilidad urbana.

La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, encabezada por Vargas, agrupa a más de 70 empresas y representa aproximadamente el 30% del transporte de Lima y Callao. Además, la decisión de levantar la medida fue consensuada por nueve gremios que suscribieron la convocatoria inicial, incluidos aquellos que no participaron directamente en la primera reunión con el Ejecutivo.

Sin embargo, la suspensión del paro no supone el cierre del conflicto. Los transportistas han precisado que estarán atentos al cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades. En otras palabras, la continuidad del diálogo dependerá de que se implementen acciones verificables para reducir los delitos que golpean al sector.

Seguridad y extorsiones, el eje de las demandas

La principal preocupación de los gremios es la criminalidad. En especial, los empresarios y conductores han denunciado el incremento de extorsiones, amenazas y ataques vinculados al cobro de cupos, una problemática que ha llevado a varias empresas a operar bajo mayores riesgos y costos.

Frente a esta situación, los dirigentes demandan una estrategia articulada entre la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pareja planteó la conformación de una unidad integrada por estas instituciones para investigar, capturar y procesar a las organizaciones criminales dedicadas a extorsionar a los transportistas.andina

Asimismo, Vargas indicó que el sector espera que se refuerce el control territorial y que se asigne presupuesto a la unidad de élite destinada a combatir este tipo de delitos. También se ha mencionado el fortalecimiento del denominado Plan Escudo, con apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía, así como medidas de control migratorio que el Ejecutivo prevé solicitar al Congreso.

Empresas piden alivio financiero

No obstante, la agenda de los transportistas no se limita a la seguridad. Los gremios también reclaman medidas para afrontar la delicada situación financiera de varias empresas, golpeadas por deudas bancarias, multas y altos costos de operación.

Vargas explicó que el pedido de “rescate financiero” no implica una entrega directa de dinero estatal. Más bien, plantean que el Estado contribuya a garantizar deudas, amplíe plazos de pago y permita reducir intereses bancarios. Según el dirigente, varias empresas se encuentran en una situación crítica e incluso algunas ya habrían quebrado.rpp

Además, entre las demandas recogidas figura el apoyo para el cambio de matriz energética del transporte urbano. No obstante, los gremios han remarcado que no impondrán un plazo inmediato al Gobierno. Primero observarán la ejecución de los compromisos y los resultados en las calles.

Por ahora, el paro queda suspendido y el servicio de transporte se mantendrá operativo. Sin embargo, la tregua dependerá de la capacidad del Ejecutivo para convertir las promesas de diálogo en medidas efectivas contra la inseguridad y en soluciones para la sostenibilidad económica del sector.