Por Arquímedes Mayta

El tablero político y judicial ha vuelto a remecerse tras las contundentes declaraciones del expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso. En su primera conferencia oficial ante medios de prensa extranjera, el líder del Partido Nacionalista Peruano rompió su silencio tras recuperar su libertad. El exmandatario afirmó que salió de prisión "más fuerte" de cómo entró, indicó que el encierro no doblegó su determinación política. Asimismo, anunció que ha instruido formalmente a su equipo de defensa legal para interponer una demanda integral contra el Estado peruano en el corto plazo.

La postura de Humala surge menos de un mes después de abandonar el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, donde cumplía una condena de 15 años por presunto lavado de activos. Dicha sentencia penal fue anulada de forma definitiva por un fallo mayoritario del Tribunal Constitucional (TC), el cual determinó que los supuestos aportes de campaña recibidos de Odebrecht y del gobierno venezolano no constituían un delito tipificado al momento de los hechos. Con este respaldo constitucional, el expresidente denunció haber sido víctima de un "secuestro institucional" y de una vulneración sistemática a sus derechos fundamentales.

Afirma que se dañó su derecho al honor

Durante su prolongada alocución ante los corresponsales internacionales, Humala Tasso enfatizó que la resolución del TC no debe interpretarse bajo ninguna circunstancia como una ley de amnistía o un simple olvido judicial. "Creo que una demanda al Estado es absolutamente necesaria para reparar nuestro buen nombre y limpiar el honor de mi familia", sentenció el exjefe de Estado. El objetivo central de la acción legal no apunta únicamente a un resarcimiento de carácter económico, sino a obligar a los poderes públicos a emitir un pronunciamiento oficial de disculpas hacia su persona, su esposa Nadine Heredia y los dirigentes de su partido.

El líder nacionalista argumentó que la Fiscalía de la Nación y determinados magistrados actuaron de manera coordinada para instrumentalizar la justicia penal. Humala arremetió con dureza contra el equipo especial del caso Lava Jato, calificándolos de "sicarios del sistema de justicia". Sostuvo que se pervirtieron las leyes peruanas para arrastrar a su organización política a un proceso de diez años sin pruebas fehacientes, mientras que las grandes empresas constructoras involucradas recibieron un trato diferenciado. Según su perspectiva, esta prolongada persecución judicial forzó el quiebre de su patrimonio y el exilio de sus familiares directos.

El panorama político y las garantías para Nadine Heredia

La reaparición pública de Ollanta Humala también delineó sus intenciones de reinsertarse activamente en la vida pública del país. A su más de 60 años, el expresidente manifestó no tener ningún impedimento físico ni límites personales para tentar un eventual retorno a la contienda electoral. Sin embargo, aclaró que su prioridad inmediata consiste en recuperar el estatus legal del Partido Nacionalista Peruano, agrupación que fue catalogada formalmente como una organización criminal por las autoridades fiscales en el marco de las investigaciones previas.

Finalmente, el exmandatario abordó la compleja situación de su esposa, la exprimera dama Nadine Heredia, quien actualmente se encuentra en territorio brasileño tras haber recibido un beneficio de asilo político por parte del gobierno de Lula da Silva. Humala fue tajante al señalar ante la prensa extranjera que en el Perú de hoy no existen garantías institucionales ni judiciales suficientes para que su cónyuge retorne al territorio nacional. Argumentó que el ensañamiento judicial persiste en otros procesos abiertos y que la estabilidad de su entorno familiar continuará defendiéndose ante los fueros internacionales de ser necesario.