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Por Fabiana Luciani
El líder ashéninka Américo Pascuala Tomisha, exjefe de la comunidad nativa Onconashari, fue asesinado durante un patrullaje de vigilancia territorial en el distrito de Yurúa, provincia de Atalaya, región Ucayali. La Fiscalía inició investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen, mientras organizaciones indígenas y de derechos humanos exigen identificar a los responsables materiales e intelectuales y reforzar la protección de la población comunera.
Américo Pascuala Tomisha, de 57 años, realizaba labores de vigilancia dentro del territorio de la comunidad nativa Onconashari cuando detectó la presencia de personas no autorizadas. De acuerdo con la información difundida por la Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral de Yurúa (Aconaysh), los desconocidos estarían extrayendo aceite de copaiba, un recurso forestal de alto valor para las comunidades amazónicas.
El dirigente habría sido atacado con arma de fuego durante el patrullaje. Según Getoshy Pérez Quiñonez, representante de Aconaysh, Pascuala Tomisha recibió presuntamente un disparo por la espalda. Posteriormente, su cuerpo fue hallado sin vida en el ámbito del distrito de Yurúa.
El caso ha generado preocupación entre las organizaciones indígenas de Ucayali, debido a que la víctima era un defensor del territorio comunal y había alertado públicamente sobre la extracción irregular de recursos naturales. Por ello, el crimen es investigado bajo la hipótesis de un ataque relacionado con su labor de protección de los bosques y de vigilancia frente a actividades no autorizadas.
El Ministerio Público inició diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos, quiénes participaron en el ataque y si existieron antecedentes de amenazas contra el dirigente. La Asociación de Comunidades Nativas de Yurúa solicitó que la Fiscalía y la Policía Nacional recopilen pruebas en la zona, identifiquen a los presuntos responsables y establezcan las responsabilidades penales correspondientes.
Además, los representantes de la comunidad han pedido que las autoridades garanticen la seguridad de los habitantes y líderes de Onconashari durante el desarrollo de las investigaciones. La preocupación no se limita al esclarecimiento del asesinato: los comuneros temen que la presencia de invasores y extractores ilegales continúe, o incluso se intensifique, ante la falta de una respuesta estatal sostenida.
En ese sentido, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y otras instituciones indígenas demandaron una investigación inmediata con enfoque intercultural. Es decir, solicitan que las autoridades comprendan las particularidades territoriales, sociales y culturales de la comunidad ashéninka, así como los riesgos que enfrentan quienes defienden su territorio ancestral.
El asesinato de Pascuala Tomisha no aparece como un hecho aislado. Según la CNDDHH, desde 2020 la comunidad nativa Onconashari venía denunciando ante el Ministerio de Cultura y la Policía Nacional la presencia de colonos y terceros vinculados a la extracción ilegal de recursos. También se habían reportado situaciones de hostigamiento contra los comuneros.
Pascuala Tomisha habría advertido sobre estas actividades y buscado mecanismos para difundir las denuncias. De acuerdo con Aconaysh, el líder indígena solicitaba acceso a internet para comunicar con mayor rapidez las amenazas y las incursiones en el territorio comunal. Sin embargo, sus pedidos no habrían recibido una respuesta suficiente para prevenir nuevos riesgos.
El recurso cuya extracción habría originado el incidente es el aceite de copaiba. Se trata de un producto forestal no maderable utilizado tradicionalmente por pueblos amazónicos y empleado como insumo en productos medicinales y cosméticos. Cuando se realiza mediante técnicas sostenibles, su aprovechamiento puede generar ingresos sin necesidad de talar los árboles. No obstante, la extracción ilegal afecta los ecosistemas, vulnera el control comunal y puede convertirse en fuente de conflicto en territorios indígenas.
Tras conocerse el crimen, las organizaciones indígenas y de derechos humanos solicitaron al Ministerio de Justicia activar medidas urgentes de protección para las autoridades y familias de la comunidad nativa Onconashari. Asimismo, exigieron que las diligencias no se limiten a establecer la autoría inmediata, sino que permitan identificar a quienes puedan haber promovido, financiado u organizado la actividad ilegal denunciada.
La muerte de Américo Pascuala Tomisha vuelve a evidenciar la vulnerabilidad de los defensores ambientales e indígenas en la Amazonía peruana. Organizaciones especializadas recuerdan que más de 60 defensores ambientales y territoriales han sido asesinados en el país desde 2012, en un contexto marcado por invasiones, tala, tráfico de tierras y extracción ilícita de recursos.
Por ahora, las investigaciones continúan. La comunidad ashéninka espera que el caso no quede impune y que el Estado adopte medidas concretas para asegurar el territorio de Onconashari, proteger a sus dirigentes y frenar las actividades ilegales que amenazan a la población de Yurúa.
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