Por Arquímedes Mayta

La tensión institucional entre el Poder Ejecutivo y el sistema de administración de justicia en el Perú escaló de manera contundente tras el discurso pronunciado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, ante la  Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. La titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, con la participación activa de juezas supremas como la expresidenta de la institución, Elvia Barrios Alvarado, expresó su rotundo rechazo a lo manifestado por la jefa de Estado y recibió el respaldo institucional pleno y unánime tanto de la Sala Plena de la Corte Suprema como de los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de todo el territorio nacional.

El discurso de la mandataria ante la ONU

El desencuentro comenzó luego de que la mandataria utilizara la tribuna internacional de la ONU para sostener que, transcurridas más de tres décadas de la pacificación nacional, aquellos agentes que derrotaron al terrorismo continúan siendo sometidos a procesos judiciales en los que, según aseveró, se habría vulnerado el debido proceso. Estas afirmaciones fueron interpretadas de inmediato dentro del fuero judicial como un intento de deslegitimar los juzgamientos en materia de derechos humanos y una imputación velada de parcialidad contra la magistratura.

Frente a este escenario, la máxima representante de la judicatura, Janet Tello, respondió de manera firme señalando que en un Estado democrático las decisiones jurisdiccionales se adoptan con apego irrestricto a la Constitución, la legislación vigente y los tratados internacionales de derechos humanos. Asimismo, la titular del Poder Judicial lamentó que la mandataria emitiera tales críticas fuera de las fronteras nacionales, remarcando que el sistema judicial no actuó de espaldas a la pacificación ni protege a la criminalidad, sino que juzga conductas individuales y garantiza un trámite imparcial.

Respaldo unánime de jueces a nivel nacional

Lejos de aislarse, el reclamo de la presidencia del Poder Judicial consolidó una fuerte unidad corporativa entre los distintos niveles de la judicatura. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, integrada por magistrados supremos, entre ellos Elvia Barrios y Victor Prado emitió un acuerdo en el que manifestó su total confianza y respaldo a las acciones de defensa institucional y de la independencia de las y los jueces. El colegiado supremo subrayó que las decisiones judiciales sólo pueden cuestionarse mediante los recursos previstos por la propia ley procesal y no a través de presiones políticas.

A este pronunciamiento se sumaron los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de las distintas regiones del país, desde Arequipa y Ayacucho hasta Piura y Loreto. Mediante una declaración pública conjunta, los jueces superiores advirtieron que ningún poder del Estado debe interferir en las competencias exclusivas del fuero jurisdiccional, exhortando al respeto estricto del equilibrio de poderes y al Estado constitucional de derecho. Con este pronunciamiento conjunto, el sistema judicial peruano sentó una posición sólida frente a cualquier intento de tutela o injerencia proveniente del Poder Ejecutivo.