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Por Arquímedes Mayta
El diputado de Fuerza Popular Carlos Zegarra Sánchez quedó en el centro de la investigación por el asesinato del periodista iqueño Gastón Medina, un caso que sigue marcado por la impunidad y por la búsqueda de los presuntos autores intelectuales. Aunque el legislador niega cualquier vínculo con el crimen, su nombre aparece en la carpeta fiscal a partir de audios, testimonios y nuevas diligencias del Ministerio Público.
La investigación se reactivó con fuerza tras revelarse que la Fiscalía mantiene una línea de trabajo orientada no solo a identificar a los sicarios, sino también a determinar quién habría ordenado matar al comunicador. Según los reportes revisados, el homicidio de Medina ocurrió el 20 de enero de 2025, frente a su vivienda, y desde entonces el expediente ha ido incorporando elementos que apuntan a una presunta estructura detrás del atentado.
En ese contexto, Zegarra aparece mencionado como una de las personas bajo sospecha. Antes de llegar al Congreso, se desempeñó como hombre de confianza en el Gobierno Regional de Ica, donde, de acuerdo con las publicaciones consultadas, adquirió influencia política y administrativa en la gestión regional.
Uno de los elementos más sensibles del caso es un audio difundido por el propio Gastón Medina en marzo de 2023, tres años antes de su asesinato. En esa grabación se escucharía a Víctor “El Chino” Mere hablar de un supuesto plan para matar al periodista y a la exvicegobernadora Luz Canales. La otra voz fue atribuida a Carlos Zegarra, quien habría respondido con la frase: “Tienen que avanzar sobre esa línea. Yo solamente ejecuto”.
De acuerdo con lo publicado por La República e Infobae, ese registro se convirtió en una pieza relevante para la Fiscalía, que abrió una carpeta reservada para establecer responsabilidades intelectuales. Sin embargo, hasta ahora no existe una acusación formal contra el parlamentario, quien sostiene que nunca ha sido citado por el Ministerio Público.
Las versiones periodísticas señalan que Medina recibió amenazas reiteradas antes de ser asesinado. Incluso, según la reconstrucción del caso, dejó de abrir la puerta del canal por temor a un atentado y modificó su rutina laboral para protegerse. Su entorno más cercano asegura que siguió denunciando presuntos actos de corrupción en Ica pese a la escalada de hostigamientos.
A ello se suma la lectura de la familia del periodista, que considera que el crimen no puede entenderse solo como una acción de sicariato. Para su defensa legal, la clave está en determinar quién habría financiado o articulado la ejecución. Esa tesis también coincide con la línea que sigue la Fiscalía, orientada a desentrañar la posible estructura criminal detrás del homicidio.
La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas, Zuliana Lainez, cuestionó que, pese al tiempo transcurrido, el caso siga sin responsables plenamente sancionados. Además, advirtió que la eventual presencia de un potencial autor intelectual en el Congreso agrava la sensación de impunidad. La organización viene alertando sobre el deterioro de la seguridad para la prensa en el país.
En paralelo, las cifras más recientes sobre violencia contra periodistas en el Perú refuerzan la gravedad del problema. Según reportes periodísticos y gremiales publicados este año, 2025 fue uno de los períodos más duros para el oficio, con varios asesinatos de comunicadores y con investigaciones todavía inconclusas.
Por ahora, el caso sigue abierto y la Fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar si existió una red de apoyo, encubrimiento o planificación detrás del asesinato de Gastón Medina. Zegarra, por su parte, rechaza toda implicancia y afirma que no existe prueba alguna que lo vincule al crimen.
Mientras tanto, la pregunta central persiste: quién ordenó matar al periodista y por qué. Hasta que esa respuesta no llegue, el caso seguirá proyectando una sombra sobre la política regional de Ica y sobre la ya frágil situación de la libertad de prensa en el Perú.
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