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Tomás Gálvez afirmó que la falta de coordinación entre ambas instituciones complicó las primeras diligencias del caso.
Por: Alanis Araujo
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, cuestionó el trabajo realizado por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante las primeras diligencias por el secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas en Trujillo. Según sostuvo, los agentes policiales desarrollaron su propia estrategia sin coordinar adecuadamente con el Ministerio Público.
Gálvez señaló que la investigación penal requiere un trabajo conjunto entre policías y fiscales. Sin embargo, afirmó que en este caso la coordinación fue deficiente desde el inicio, debido a que los efectivos que participaron en las diligencias manejaban una estrategia distinta a la planteada por la Fiscalía.
El titular del Ministerio Público explicó que, si bien una reciente modificación legal permite a la Policía realizar la investigación preliminar, la estrategia jurídica y operativa debe ser establecida por el fiscal encargado del caso.
“Al comienzo la coordinación era crítica porque la policía estaba haciendo las cosas por su propia cuenta y tenía su propia estrategia”, afirmó Gálvez al referirse a las primeras actuaciones desarrolladas tras el crimen ocurrido en Trujillo.
El fiscal también sostuvo que existieron dificultades para articular el trabajo entre los agentes enviados desde Lima, los policías de la zona y los representantes del Ministerio Público. Según su versión, la Policía se habría resistido inicialmente a coordinar con la Fiscalía.
Gálvez también criticó la presentación pública de personas detenidas durante las investigaciones. Consideró que esta práctica puede afectar el desarrollo de un proceso penal, especialmente cuando las imágenes son difundidas con el objetivo de mostrar resultados ante los medios de comunicación.
El fiscal de la Nación recordó que las declaraciones formales de los detenidos son dirigidas por el fiscal, en coordinación con el instructor policial. En cambio, diferenció estas diligencias de las conversaciones previas, como la que sostuvo el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, con uno de los intervenidos en Trujillo.
Sobre ese episodio, Gálvez sostuvo que una conversación previa no requiere necesariamente la presencia del fiscal, pero cuestionó su pertinencia debido a que podría interferir con el desarrollo de la investigación.
El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan determinar la participación de los implicados en el secuestro del empresario minero y el asesinato de cuatro personas. En paralelo, las declaraciones del fiscal de la Nación evidencian las diferencias entre ambas instituciones sobre la forma en que se condujeron las primeras diligencias.
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