Por Arquímedes Mayta

La tarde de hoy 27 de junio, 20 días después de las elecciones, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEE) proclamó resultados. En una conferencia de prensa dieron a conocer la cantidad de votos emitidos, resultando ganadora en la jurisdicción Keiko Fujimori de Fuerza Popular con más de 261 mil votos, mientras que Roberto Sánchez alcanzó únicamente 125 mil. En consecuencia, se declaró la victoría de la hija del expresidente Alberto Fujimori.

Sólo es una proclamación territorial

Se trata de una oficialización de los resultados pero sólo al nivel territorial, hasta donde alcanza la competencia de JEE. Particularmente, se abarcan distritos como Jesús María, Cercado de Lima y Breña en los cuales se instalaron 1816 mesas de sufragio con por lo menos 530 mil electores hábiles. No obstante, según se reportaron índices de participación ciudadana equivalentes al 77%, cinco puntos por encima del promedio nacional que fue de apenas el 72%.

Esta ceremonia pública responde a lo estipulado en el artículo 317 de la Ley Orgánica de Elecciones, el cual obliga a las cortes electorales descentralizadas a transparentar el consolidado numérico una vez resueltas todas las actas observadas e impugnadas de su jurisdicción. La resolución emitida por el JEE de Lima Centro 1 deja asentado el resultado local tras derivar los cómputos procesados al 100% por la respectiva Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE).

A partir de esta proclamación formal, se abre un periodo regular de tres días hábiles para que las agrupaciones políticas en contienda Fuerza Popular y Juntos por el Perú  puedan interponer recursos de apelación contra el acta de proclamación, limitados estrictamente a cuestiones de valores numéricos. De no mediar impugnaciones en este tribunal o en los demás jurados especiales del país, las actas debidamente refrendadas serán remitidas al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Será la máxima instancia, presidida por Roberto Burneo, la encargada de emitir la resolución general definitiva que otorgue las credenciales oficiales a la fórmula presidencial que gobernará el Perú durante el período constitucional 2026-2031.

Un escenario irreversible para Juntos por el Perú

Con las audiencias de proclamación descentralizada en marcha, el margen de maniobra legal para modificar el resultado del balotaje ha quedado prácticamente extinto. De acuerdo con la legislación electoral peruana, la etapa para presentar pedidos de nulidad de mesas de sufragio o impugnaciones de actas concluyó de forma definitiva a los pocos días de la jornada electoral del 7 de junio. Al haber vencido de forma inaplazable dichos plazos, el sistema ya no admite nuevos recursos documentales orientados a revertir la tendencia numérica procesada por la ONPE, tornando estéril cualquier intento de las agrupaciones políticas por alterar los cómputos ya validados.

En ese sentido, las insistencias y reclamos públicos promovidos por los personeros de Juntos por el Perú carecen de viabilidad jurídica y efectividad real dentro del cronograma. La pretensión de forzar una anulación total o parcial de los comicios bajo narrativas de irregularidades resultaría inviable en esta fase debido a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solo se limita a consolidar y ratificar las cifras oficiales respaldadas por los JEE. De este modo, la proclamación de las actas descentralizadas opera como el último candado normativo, consolidando la victoria de Fuerza Popular y reduciendo la estrategia de Roberto Sánhez a un mero posicionamiento político sin ningún tipo de eco en la justicia electoral.