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Por Arquímedes Mayta
Se trata de los magistrados Víctor Prado Saldarriaga, Araceli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispín, María Vásquez Vargas y Ángela Bascones Gómez Velásquez quienes integraban la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha puesto la mira sobre ellos tras abrir una evaluación que podría derivar en un proceso disciplinario por negarse a aplicar la polémica ley de impunidad sobre crímenes de lesa humanidad en el marco del caso de las esterilizaciones forzadas.
La situación de los magistrados surge a raíz de una denuncia de parte interpuesta luego de que la Sala Penal Transitoria declarara infundada una excepción de prescripción presentada por el ciudadano Edgar Raimundo Ortiz Huamán. El investigado pretendía acogerse a los beneficios de la Ley 32107, una norma impulsada por el Congreso de la República que busca limitar la persecución penal de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del año 2002.
Al denegar este pedido, los jueces optaron por realizar un control de convencionalidad y constitucionalidad, priorizando los tratados internacionales de derechos humanos por encima de la legislación nacional interna. Con ello, permitieron que la justicia continuará su curso en un caso tan emblemático y sensible como el de las esterilizaciones forzadas cometidas durante la década de los noventa.
La decisión de la JNJ de evaluar el comportamiento de toda una sala de la Corte Suprema ha encendido las alarmas en diversos sectores jurídicos y de la sociedad civil. Analistas y defensores de los derechos humanos advierten que esta medida configura un peligroso precedente de persecución y amedrentamiento contra aquellos administradores de justicia que deciden actuar de manera independiente.
Al cuestionar un fallo debidamente fundamentado en el marco del derecho internacional, se teme que la JNJ esté siendo utilizada como una herramienta política para sancionar a los magistrados que resultan incómodos. Vale recordar que en múltiples ocasiones desde la bancada fujimorista, Fernando Rospigliosi, actual Presidente interino del Congreso, amenazó con barrer el Poder Judicial. A propósito de ello, el constitucionalista Carlos Rivera Paz acusó a la Junta de ser parte de una presunta coalición fujimorista, “En estos momentos la JNJ ha dejado de ser un órgano constitucional”, escribió en su cuenta de X.
El proceso por las esterilizaciones forzadas involucra a miles de mujeres campesinas e indígenas que fueron sometidas a intervenciones quirúrgicas sin su debido consentimiento en la década de los 90s. La inaplicación de la ley de prescripción por parte de los cinco magistrados bajo evaluación representaba la única garantía de acceso a la verdad y reparación para las víctimas. Ahora, con una sala penal entera bajo la lupa disciplinaria, el futuro de las investigaciones de crímenes del pasado y el respaldo institucional a la independencia judicial entran en un escenario de profunda incertidumbre.
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