¡Y se van sumando más muertes en este Gobierno! El asesinato de 13 trabajadores en un socavón de Pataz ha evidenciado no solo la creciente violencia en esta provincia de La Libertad, sino también el colapso de la estrategia y la capacidad de las instituciones frente a la minería ilegal.

Por Liangshan Josué Huamán Barahona

Tras el terrible secuestro y masacre que sufrieron los trabajadores de Pataz el pasado 25 de abril, los especialistas señalan que tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso han facilitado la expansión de este fenómeno mediante normas que prolongan el uso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una herramienta que, lejos de fomentar la legalización, se ha convertido en un escudo para las mafias del oro.

Organizaciones criminales como Los Pulpos o La Jauría controlan parte del territorio donde operan bajo aparente legalidad, amparadas en su inscripción en el Reinfo. Esta situación se ha convertido en un factor clave del conflicto social y la criminalidad en Pataz, una zona donde los intereses de empresas formales, mineros informales y bandas delictivas se superponen en un escenario de anarquía minera.

¿Qué es el Reinfo y que relación tiene con el asesinato de 13 mineros en Pataz?

Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) fue creado en 2002 como parte del proceso de formalización minera con fines ambientales y sanitarios. Sin embargo, tras más de dos décadas, el balance es desalentador. Según cifras oficiales, solo un 2,4% de los inscritos ha logrado formalizarse, mientras que el 79% permanece suspendido. A pesar de estos resultados, el Congreso aprobó en noviembre de 2024 una nueva prórroga del registro, extendiendo su vigencia y con ello, según expertos, perpetuando la impunidad.

En el caso de Pataz, hasta enero de 2025, había 558 mineros con inscripción vigente y más de 700 suspendidos, lo que representa cerca de 1.300 operadores en una zona de alta conflictividad. Para William Zabarburú, del Instituto de Políticas Climáticas, el Gobierno de Dina Boluarte ha fracasado en su lucha contra esta actividad ilícita, que habría generado más de 10.500 millones de dólares hasta el año pasado, de acuerdo con estimaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.

“La estrategia del Alto Comisionado contra la Minería Ilegal ha sido ineficaz. No hay recursos, ni capacidad operativa. El problema no es solo técnico ni de formalización, sino de relaciones políticas y económicas que alimentan un sistema en el que lo legal, lo informal y lo criminal conviven sin control”, explicó Zabarburú.

¿Un fracaso total de parte del Estado frente a la minería ilegal?

La situación se agrava con los ataques reiterados a la minera La Poderosa (Empresa minera aurífera ubicada en el distrito y provincia de Pataz). Desde 2020, la empresa ha registrado más de 600 incursiones, daños a 14 torres eléctricas y el robo de oro valorizado en más de 3.500 millones de dólares. A pesar de los constantes estados de emergencia en la zona, los enfrentamientos armados, atentados y asesinatos no cesan.

Según José De Echave, investigador de CooperAcción, sostiene que la estrategia represiva tampoco ha funcionado. “El precio internacional del oro sigue siendo un incentivo poderoso para la expansión de la minería informal e ilegal. Hoy se estima que entre el 40% y 50% del oro exportado no proviene de producción registrada oficialmente por el Ministerio de Energía y Minas”.