Jun
Por Aquímedes Mayta
La tensión en el sistema de justicia sumó un nuevo capítulo de fricción institucional. El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso iniciar una evaluación preliminar sobre el desempeño de los magistrados de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima. Dicha medida apunta directamente a los jueces superiores Sandro Aguilar Gaitán, Néstor Paredes Flores y David Suárez Burgos, quienes emitieron un fallo clave a favor de la exfiscal suprema Delia Espinoza, dejando sin efecto la inhabilitación por 10 años que le había impuesto el Congreso de la República.
La acción del organismo, adoptada en sesión extraordinaria, se da tras recibir un informe de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios y ha quedado bajo la conducción de la propia presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, quien asumirá el rol de miembro instructora. El procedimiento se concentra en el Expediente N.° 02530-2025-0-1801-SP-DC-03, marco en el cual el colegiado judicial declaró fundada en parte la demanda de amparo interpuesta por Espinoza.
El factor detonante para que la JNJ ponga la lupa sobre los altos magistrados del Poder Judicial no radica únicamente en el sentido de su decisión, sino en presuntas irregularidades de carácter administrativo e interno durante la elaboración de la sentencia. Reportes recabados en el ámbito técnico de la Junta advierten dudas razonables sobre la regularidad del trámite.
Trascendió que dos de los jueces de la Sala habrían emitido su voto semanas antes de que se estructurara el texto final y definitivo del fallo. Asimismo, el cuestionamiento alcanza la intervención del juez dirimente, David Suárez Burgos, quien terminó asumiendo la condición de ponente de la polémica resolución. Estas discordancias metodológicas alimentaron las sospechas de una vulneración del procedimiento estándar, motivando la reacción de la entidad disciplinaria para verificar si existió una infracción de los deberes funcionales.
A través de un memorando interno, la JNJ ha precisado los alcances y límites de este frente indagatorio. El documento enfatiza que la labor asignada a la presidencia del organismo se circunscribe estrictamente a una etapa preliminar de calificación. El objetivo central es acopiar los elementos informativos indispensables para determinar si corresponde o no el inicio formal de un proceso disciplinario de oficio contra los magistrados Aguilar, Paredes y Suárez.
De esta manera, el Poder Judicial vuelve a cruzar caminos en una controversia que involucra las prerrogativas sancionadoras del Parlamento. Mientras la evaluación técnica sigue su curso reservado, el escenario ratifica el clima de inestabilidad y el choque de competencias entre las instancias de control de la magistratura y los tribunales de justicia que revisan las decisiones políticas del Legislativo.
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